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ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 
 
DE LOS ORGANOS ENCARGADOS DE LA FUNCION JUDICIAL
 

 
ARTICULO 76.- La función judicial del fuero común en el Distrito Federal se ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, jueces y demás órganos que su ley orgánica señale.
 
Dicha ley regulará también su organización y funcionamiento.
 
ARTICULO 77.- El ingreso y promoción de los servidores públicos a los órganos que ejerzan la función judicial en el Distrito Federal, distintos del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, se hará mediante el sistema de carrera judicial, que se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honradez e independencia.
 
El ingreso y promoción a la carrera judicial se hará a través de concurso interno de oposición y de oposición libre en la proporción que determine el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en base al número de vacantes a cubrir.
 
El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal contará con un órgano auxiliar en materia de investigación, formación, capacitación y actualización de los servidores públicos de la institución y de quienes aspiren a ingresar a ella, con el fin de fortalecer los conocimientos y habilidades necesarios para el adecuado desempeño de la función judicial.
 
ARTICULO 78.- La Asamblea Legislativa resolverá, en un plazo de quince días, por el voto de la mayoría de sus miembros presentes, respecto de los nombramientos de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia que haya realizado el Jefe de Gobierno.
 
            Si nada se resolviese dentro de ese plazo, se tendrán por aprobados los nombramientos y el o los designados entrarán a desempeñar sus funciones.
 
            Si la Asamblea Legislativa no aprueba el nombramiento, el Jefe de Gobierno presentará una nueva propuesta en los términos de la fracción VIII del artículo 67 de este Estatuto.
 
ARTICULO 79.- En caso de que la Asamblea Legislativa no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el Jefe de Gobierno hará un tercero que surtirá sus efectos desde luego como provisional y que será sometido a la aprobación de la Asamblea.
 
Dentro de los quince días a que se refiere el artículo anterior, la Asamblea deberá aprobar o no el nombramiento y si nada resuelve, el magistrado nombrado provisionalmente continuará en sus funciones con el carácter de definitivo, haciendo el Jefe de Gobierno la declaración correspondiente.
 
             Si la Asamblea desecha el nombramiento, cesará en sus funciones el magistrado provisional y el Jefe de Gobierno le someterá un nuevo nombramiento.
 
ARTICULO 80.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se deberán reunir los mismos requisitos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia.
 
            Se requerirá, además, haberse distinguido en el ejercicio profesional o en el ramo judicial, preferentemente en el Distrito Federal.
 
            En igualdad de circunstancias, se preferirá a los originarios o vecinos del Distrito Federal en la forma que determine la ley.
 
            El Tribunal Superior de Justicia se integrará con el número de magistrados que señale la ley orgánica respectiva.
 
 
En la designación de los Magistrados, el Jefe del Gobierno del Distrito Federal deberá escuchar la opinión previa del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, el cual verificará que se cumplan los requisitos a que se refiere la fracción I, Base Cuarta, Apartado C, del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las condiciones previstas en el párrafo anterior.

Para cubrir las vacantes de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá la propuesta respectiva a la decisión de la Asamblea Legislativa.
 
ARTICULO 81.- Los magistrados percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo, y estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
ARTICULO 82.- Los magistrados durarán seis años en el ejercicio de su cargo, podrán ser ratificados, y si lo fuesen, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley federal de la materia.
 
En la ratificación de magistrados intervendrán las mismas autoridades y se seguirán las mismas formalidades que para su designación.
 
ARTICULO 83.- La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales estarán a cargo del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en los términos que, conforme a las bases que señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Estatuto, establezca la ley orgánica respectiva.
 
            El Consejo se integrará por siete miembros, de los cuales uno será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; un Magistrado y dos Jueces elegidos por mayoría de votos de las dos terceras partes del Pleno de Magistrados; dos consejeros designados por la Asamblea Legislativa y uno por el Jefe de Gobierno.
 
            Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos exigidos para ser Magistrado y serán personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. En el caso de los elegidos por el Pleno de Magistrados deberán gozar, además, de reconocimiento por sus méritos profesionales en el ámbito judicial.
 
            Los Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período.
 
            Los Consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
            El Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley.
 
            El Consejo, actuando en Pleno, opinará sobre la designación y ratificación de magistrados; resolverá sobre la adscripción y remoción de magistrados; y designará, adscribirá y removerá a los jueces del Distrito Federal; todo ello en los términos que la ley prevea en materia de carrera judicial. También determinará el número y especialización por materia de las salas del tribunal y juzgados que integran el Poder Judicial del Distrito Federal, de conformidad con lo que establezca el propio Consejo.
 
            El Pleno y las Salas del Tribunal Superior de Justicia, así como los jueces y demás órganos judiciales, nombrarán y removerán a sus funcionarios y empleados conforme a lo que establezca la ley en materia de carrera judicial.
 
ARTICULO 84.- Los magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia y los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal no podrán, en ningún caso, aceptar o desempeñar empleo, o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.
 
Los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior estarán impedidos, durante los dos años siguientes a la fecha de su retiro, para actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos judiciales del Distrito Federal. Durante dicho plazo, los magistrados no podrán ocupar el cargo de Jefe del Distrito Federal, Secretario General, Procurador General de Justicia o Representante a la Asamblea del Distrito Federal, salvo que el cargo desempeñado en el órgano judicial respectivo, lo hubiera sido con el carácter de provisional.
 
Los impedimentos de este artículo serán aplicables a los funcionarios judiciales que gocen de licencia.
 
La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores será sancionada con la pérdida del cargo dentro del órgano judicial de que se trate, así como de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes prevean.
 
ARTICULO 85.- El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal elaborará el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales y lo remitirá para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del Distrito Federal.
 
 
 
IMPLEMENTACION DE LOS JUICIOS ORALES EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
 

 
            El Derecho  subjetivo público de acceso a la justicia para los ciudadanos en el Distrito Federal, se encuentra consagrado en el artículo 17 constitucional, y tiene como base el anhelo humano por una verdadera cultura de legalidad; por consiguiente, todo procedimiento llevado ante el tribunal competente para su debida impartición de justicia debe estar libre de obstáculos.innecesarios, evitando formalismos que retrasen o impidan su debida resolución.
 
            Es por todos los ciudadanos sabido, que los sistemas de justicia en la actualidad están saturados en su modalidad tradicional (escrita) debido a múltiples factores que han acarreado distintos males y vicios a la actividad jurisdiccional de impartición de justicia, haciendo evidente la necesidad de un cambio.
 
            El predominio de la oralidad en el proceso ha sido visto en los últimos años como una posible solución al problema de la expeditez en la impartición de justicia en el Estado Mexicano, tanto así, que se realizó la reforma judicial penal cuyo punto importante es la implementación de la oralidad en los procesos dirigidos a    dicha materia.
 
            Al hablar específicamente sobre el derecho familiar, también implica hacer referencia a la familia como institución y núcleo de la sociedad, de esta manera, tanto la familia como el derecho que rige las controversias que se suscitan dentro la misma, a través del tiempo han sufrido distintas transformaciones, debiendo evolucionar de manera conjunta; el orden jurídico de familia es una materia innovadora que se  encuentra en constante cambio, debiendo estar a la vanguardia para dar una respuesta adecuada a las necesidades de la sociedad.
 
            La materia familiar es de vital importancia y trascendencia, por lo tanto, es necesario dotar al juez de los instrumentos jurídicos precisos para que sus resoluciones sean más efectivas, pues deben llevar a cabo la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias.
 
            Es indiscutible el hecho de que actualmente la impartición de justicia en el derecho familiar carece de los principios fundamentales para proveer de manera pronta y expedita por parte del juzgador, dicha  problemática se atribuye en gran medida, a que en su mayor parte el procedimiento tiene tendencia hacia la escritura, retrasando que éste siga su curso y se pueda llegar a la solución de la controversia en cuestión.
 
            Se tiene la convicción de que la adopción de los juicios orales en el derecho familiar en el Distrito Federal traería consigo múltiples beneficios.
 
            Se deben ponderar todos los aspectos positivos que se proporcionarían a la sociedad con el hecho de contar con la oralidad en el proceso de familia, así como de los principios que lo sustentan, sería un acercamiento a la justicia de forma tangible, no sólo de manera práctica, sino también humana.
 
            En el Estado de derecho en el que nos encontramos se debe evaluar el sistema de impartición de justicia de los procesos en materia familiar, es evidente la necesidad de actualizar las leyes procesales anticuadas existentes, para llevar a cabo una simplificación en el procedimiento y como resultado obtener un método ágil, sencillo, confiable y eficaz para el debate y la solución de controversias, congruente con las necesidades sociales.
 
El objeto de esta nueva tendencia es la inmediatez procesal, se resume como la facultad para percatarse de los sucesos a través de los sentidos, y encuentra su esencia y justificación en los principios de la lógica elemental, la razón y la propia naturaleza humana, teniendo este principio una estrecha relación con el de la oralidad en los procesos, ya que el juzgador tendrá la posibilidad de emplear de manera directa sus sentidos para que en si ánimo se construya la convicción necesaria para dictar el fallo en uno o en otro sentido, pues le es posible recoger vestigios probatorios sin intermediarios.
 
Por lo anterior, la implementación de juzgados orales conlleva a participar en la construcción de un sistema procedimental que alienta la búsqueda de que aquellos elementos materiales y humanos que permitan el desarrollo de una impartición de justicia en materia familiar de forma más eficaz, derivado de ello, la oralidad en los juicios actualiza la concentración de las etapas a efecto de satisfacer el principio de economía procesal.
 

 

 
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